Con esta medida se evitará favorecer a los operadores privados de las cámaras.
Según el Ministerio de transporte en los últimos 6 años se han recaudado por el sistema de fotodetección más de 2 billones de pesos, donde evidenció algunos abusos del sistema en las ciudades que utilizan estos dispositivos. Solo en Medellín se han impartido 159.472 comparendos en lo que va del 2017, con las 40 cámaras instaladas en la ciudad, siendo el exceso de velocidad la infracción más común con 58.387 multas.
Ante el proyecto de Ley 212 de 2016, los alcaldes que deseen instalar este sistema lo podrán hacer bajo las siguientes consideraciones: La remuneración del operador privado si deciden hacerlo por concesión no podrá ser superior al 10% del recaudo, pues anteriormente en algunas ciudades el recaudo era del 60 o 70%, en Medellín el recaudo era del 30%. La segunda consideración es que se deben presentar estudios de viabilidad antes el Ministerio de trasporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial las cuales aprobaran o rechazaran la iniciativa.
Así mismo la Superintendencia de Puertos y Transporte tendrá la facultad de retirar las fotomultas en caso de no cumplir las condiciones previstas por la Ley, ya que deben estar dentro de los criterios relacionados con la seguridad, accidentalidad, flujos vehiculares, flujos de peatones y señalización a 500 metros de distancia; además de la calibración de los equipos por laboratorios autorizados, proceso que antes no se realizaba.
Tomado de la Revista Nuevo Milenio, edición 251 junio de 2017.
